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“El destierro es una forma brutal de exilio”

Gabriela Docaos.- Los recientes sucesos ocurridos en Venezuela estas últimas semanas han encendido las alarmas a nivel mundial. Varios países de la región y de Europa, han manifestado de manera contundente el rechazo a las políticas utilizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para tratar cualquier caso de “rebelión” a su régimen.

En ese mismo contexto, nos encontramos con algunos de estos sucesos que han marcado la línea comunicacional e informativa sobre Venezuela a nivel mundial: en primer lugar, el supuesto suicidio de un Concejal comprometido con la libertad y la democracia en el país. Su nombre, Fernando Albán; hombre de quien se dice llevaba la fe católica como arma contra la tiranía y bandera en pro de los DDHH. Una matriz de opinión se ha iniciado en torno a este acontecimiento: varios ex presos políticos han explicado con detalle las condiciones carcelarias en las cuales se encontraban durante su permanencia dentro del recinto, y sus declaraciones se contradicen con las versiones “oficiales” del Gobierno venezolano. En segundo lugar, están las excarcelaciones de cuatro militares acusados de planificar un atentado denominado “El Golpe Azul”. Los funcionarios fueron puestos en libertad y a las pocas horas nuevamente perseguidos por las autoridades; ¿qué pasó? nadie lo sabe. En tercer lugar, el exilio: un día estás dentro de cuatro paredes, eres  presa de las más viles torturas físicas y psicológicas, aterrorizado por lo que puede pasar a tu entorno más cercano, y al otro día estás rumbo a la libertad. Eso fue lo que  sucedió con el joven Lorent Saleh, quien luego de 4 años detenido en las mazmorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN, la policía política venezolana), fue sacado y enviado al exilio de manera rápida y eficaz. Es el cuarto joven expulsado del país en condiciones similares.

El precio de la libertad

Justamente sobre ese exilio forzado queremos centrar estas líneas. Y le llamaremos, entonces, destierro. En Venezuela, el destierro se ha convertido en una política de estado; práctica que fue muy utilizada en el Gobierno de Juan Vicente Gómez cuando a los integrantes de la Generación del 28 fueron obligados a salir del país a cambio de recuperar la “libertad”.

Abraham Lincoln decía que “El hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad”, sin embargo, según algunos filósofos, la libertad es: “poder elegir”. En el caso de aquellos quienes han estado bajo el asedio del régimen venezolano, elegir no ha sido ninguna opción, por ejemplo, algunos de los miles de jóvenes que han dedicado gran parte de su juventud a la lucha por la democracia venezolana, han tenido que “aceptar” una forma de prisión distinta, que parece una especie de libertad plena, pero no, no lo es.

Si seguimos hurgando en terminologías, según el diccionario, la libertad es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. Dicho esto, ¿podemos hablar entonces de libertad en un país donde la justicia comandada por una sola persona, cercena ese poder de elegir? ¿Puede ser libre aquel que es alejado de su entorno de manera arbitraria sin explicación alguna?

Pareciera ser entonces que la única opción para conservar ese poder de elegir es la delgada línea de decisión entre la vida y la muerte, tomando en cuenta que estar desterrado es de alguna manera estar condenado a la muerte. El destierro es una forma brutal de exilio en donde el chantaje forma parte esencial para poder vivir con lo más parecido a una sensación de libertad.

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Miguel Moll De Giulio.- El próximo día 6 de diciembre de 2015 se llevarán a cabo las elecciones legislativas al unicameral parlamento de Venezuela, donde se renovarán sus 167 escaños; de confirmarse el rechazo que hoy mantiene en las encuestas, el partido político gobernante (PSUV) y el chavismo enfrentará su primera y probablemente sísmica derrota en las urnas, a manos de la oposición venezolana.

Sin embargo, 107 días antes, el pasado 19 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro decretó el estado de excepción y ha deportado más de 1 millar de ciudadanos colombianos en el paso fronterizo más “caliente” de los 2.219 km que delimitan la frontera entre Colombia y Venezuela, el puente internacional que cruza el río Táchira,  y que puede superar las 20 mil personas retornadas de acuerdo a la UNHCR en Colombia. El casus bellis fue el asesinato de tres oficiales de la fuerza armada venezolana a mano de un pareja de motorizados que presumen puedan pertenecer a bandas paramilitares colombianas.

El decreto presidencial inicialmente se limitó a seis municipios del estado de Táchira (Ureña, Junín, Urdaneta, Lobatera, García Hedia y Ayacucho), y de forma reciente se le agregaron cuatro municipios del estado de Zulia (Indígena, Mara, Almirante Padilla y Guajira); es decir, el estado de excepción rige para los pasos fronterizos de San Antonio del Táchira – Cúcuta y de Maicao – Paraguachón, pasos fronterizos donde se intercambia cerca del 70% del comercio bilateral, y donde habitan más de un millón de ciudadanos de ambos países.

Estado de excepción que vigente por 60 días puede ser prorrogado por idéntico lapso, lo que permitiría estar activo hasta el día 19 de diciembre de 2015, justo después de la celebración de las elecciones legislativas de Venezuela (6 de diciembre) y de las elecciones regionales en Colombia (25 de octubre).

Sí se confirman los pronósticos electorales que concuerdan en una clara ventaja para la oposición en Venezuela, el chavismo–madurismo no tiene mayores opciones en dichos estados. Sin embargo, si nos atenemos a los resultados de las elecciones municipales en Venezuela (Diciembre, 2013), se puede afirmar que la estrategia del gobernante PSUV es reducir la participación del electorado opositor vía el miedo o la coerción: mientras menos participación haya en los comicios mayor probabilidad tiene el chavismo en hacerse ganador. De allí que la excepcionalidad venga precedida por la necesidad para el gobierno de Nicolás Maduro de crear un estado de opinión pública tendiente a respaldar la tesis de guerra económica, contrabando y paramilitarismo como causante de la crisis en Venezuela.

Por su parte, del lado colombiano, el venidero 25 de octubre se realizarán las elecciones regionales donde se renovarán tanto gobernadores de Departamento como los regidores de los municipios. La respuesta inicialmente del gobierno de Juan Manuel Santos – apelando al diálogo y la diplomacia – y posteriormente, girando a una respuesta más firme a las acciones de Venezuela en contra de los ciudadanos colombianos, parece una lectura electoral de la realidad fronteriza.

Tanto el gobernador del Norte de Santander, como el Alcalde de la ciudad de Cúcuta, son parte de los independientes o partidos minoritarios (Partido Verde), pero cuyo caudal de votos luce crucial en venideros procesos comiciales como el potencial referéndum por la Paz en la que Juan Manuel Santos se juega su capital político.

Tanto Caracas como Bogotá, que no comprenden las realidades fácticas de sus fronteras, aunque sí entienden de la matemática electoral que les aporta, han ido calibrando la pequeña pero intensa “guerra de micrófonos” que han desplegado desde la acción tomada por Nicolás Maduro el pasado agosto. Un problema fronterizo cuya internacionalización se hace compleja y que está pensado para dar respuesta en función de la estrategia electoral que cada país fragua en su ecosistema político.